En el desarrollo de un procedimiento de desahucio existen diferentes fases con distinta finalidad. Primero, se debe declarar que el demandante tiene derecho al desahucio y, posteriormente, se puede producir la ejecución forzosa de dicho desahucio. A esta segunda fase pertenece el lanzamiento.
En este artículo vamos a ver qué es exactamente el lanzamiento, cuándo se produce y cómo se lleva a cabo.
La compra de una vivienda sobre plano conlleva algunos riesgos que no existen en la compra de una vivienda ya construida, donde el comprador puede comprobar físicamente las características de la edificación. Además, la construcción de un inmueble es un proceso complejo y dilatado en el tiempo, lo que aumenta la incertidumbre sobre el resultado final.
Por todo ello, el comprador de una vivienda sobre plano debe ser especialmente precavido a la hora de firmar el contrato, lo que no debería hacer sin comprobar adecuadamente algunos aspectos fundamentales.
Después de comprar una vivienda, pueden aparecer problemas que no se detectaron en el momento de la celebración del contrato y que comprometen la habitabilidad o reducen el valor de la vivienda, de modo que, de haberlos conocido, el comprador no hubiera pagado por ella el precio que pagó.
Aunque la venta ya se haya celebrado, el vendedor tiene la obligación de responder por esos defectos que pasaron inadvertidos, siempre y cuando se cumplan las condiciones para reclamar por vicios ocultos.
Desde siempre, la legislación sobre arrendamientos urbanos ha sido especialmente proteccionista con el inquilino estableciendo un plazo mínimo de duración garantizado, en atención a que la finalidad del alquiler es cubrir la necesidad de vivienda habitual.
Sin embargo, eso no significa que el arrendador no pueda reclamar la vivienda cuando tenga necesidad de utilizarla, aunque debe hacerlo en la forma y momento que establece la ley.
Los defectos estructurales constituyen una de las categorías más graves de vicios constructivos, ya que afectan directamente a la seguridad y estabilidad de un edificio.
Su aparición puede comprometer no solo la integridad del inmueble, sino también la de sus ocupantes, lo que explica que el ordenamiento jurídico establezca un régimen específico de responsabilidad y garantías para su reclamación.
Una vez finalizada una obra de edificación, y tras la oportuna recepción de la misma por el propietario de la obra, pueden detectarse defectos o vicios de construcción que afecten a distintos elementos de la vivienda o local, y que no se hayan manifestado mientras la obra se estaba realizando.
Ante esta situación, la Ley de Ordenación de la Edificación articula un sistema de garantías que permite a propietarios o terceros adquirentes del inmueble reclamar contra quienes hayan intervenido en el proceso de construcción, en la medida de la responsabilidad civil que dicha norma atribuye a cada uno.
En el proceso de edificación intervienen distintas personas físicas y jurídicas, cada una con distinta función y atribuciones. Son lo que la Ley de Ordenación de la Edificación denomina agentes de la edificación. Como consecuencia de las distintas funciones desempeñadas en el proceso, cada uno de estos agentes tiene también distintas obligaciones y responsabilidades, y esta se encuentra claramente delimitada en la ley.
En este artículo vamos a ver quiénes son los agentes de la edificación y el alcance de su responsabilidad previsto en la ley.
La inversión en bienes inmobiliarios siempre se ha considerado una operación con una rentabilidad más o menos asegurada, debido a la tangibilidad de los bienes en los que recae y a la revaloración constante que estos experimentan.
De entre todas las opciones disponibles, la compra de la nuda propiedad de un inmueble es una operación que puede resultar muy ventajosa para ambas partes (comprador y vendedor), aunque conviene conocer bien sus implicaciones legales para minimizar riesgos.
Dentro de las posibilidades de la propiedad horizontal, se encuentran tanto las comunidades de propietarios de pisos o locales de un mismo edificio como las que se refieren a un conjunto de edificaciones independientes que comparten también elementos comunes.
El segundo caso es el de los complejos inmobiliarios privados, nacidos como una extensión del régimen de propiedad horizontal concebido para los edificios, y cuya regulación presenta ciertas particularidades con respecto a estos.
El contrato de arras, por el cual el comprador entrega una cantidad de dinero al vendedor como garantía del compromiso asumido, es un acuerdo habitual en las operaciones de compraventa de vivienda, especialmente cuando las partes desean asegurar que el contrato definitivo se firmará en un plazo determinado.
Dentro de las distintas modalidades existentes, las arras penales destacan por combinar una función de garantía con una penalización pactada para el caso de incumplimiento.
