Comprar una vivienda en una comunidad de propietarios no solo implica hacerse cargo del precio del inmueble y de los gastos de la operación, sino también asumir ciertas obligaciones frente a la comunidad.
Entre ellas, las derramas suelen generar controversias cuando coinciden con el proceso de compraventa de la vivienda, especialmente si se aprobaron poco antes de formalizarla o estaban en fase de negociación.
La entrega de arras es una práctica habitual en las operaciones de compraventa de inmuebles, ya que permite a las partes asegurar su compromiso mientras se ultiman los trámites necesarios para elevar la operación a escritura pública.
Sin embargo, cuando surge un conflicto, no siempre resulta evidente a quién corresponde finalmente el dinero ni cuál es el papel de la agencia inmobiliaria en esa transacción.
Uno de los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de afrontar la compraventa de una vivienda o local en un régimen de propiedad horizontal es la situación económica del inmueble, ya que puede haber deudas pendientes con la comunidad de propietarios.
En ese caso, puede haber dudas sobre quién debe asumir la deuda, si el propietario que la contrajo o el nuevo dueño del inmueble, y en este artículo vamos a aclarar qué establecen sobre ello tanto la Ley de propiedad horizontal como la jurisprudencia.
En el contrato de arras, comprador y vendedor formalizan su compromiso de celebrar la compraventa futura de un inmueble. Sin embargo, pueden producirse circunstancias extraordinarias que imposibiliten el cumplimiento de las obligaciones asumidas.
A continuación, vamos a ver cómo regula la ley las consecuencias de un incumplimiento cuando este se debe a una causa de fuerza mayor, y, por tanto, inevitable para las partes.
Cuando una persona está ocupando un inmueble ajeno con el permiso del propietario, pero sin que medie entre ambos ninguna relación que justifique la situación, se dice que lo está ocupando en precario.
Esta situación, basada en la tolerancia del legítimo dueño, termina cuando este reclama el inmueble, pero si el ocupante no accede a marcharse, el propietario tendrá que recurrir a las herramientas que le ofrece la ley, como es el desahucio por precario, cuyas características vamos a ver a continuación.
En el desarrollo de un procedimiento de desahucio existen diferentes fases con distinta finalidad. Primero, se debe declarar que el demandante tiene derecho al desahucio y, posteriormente, se puede producir la ejecución forzosa de dicho desahucio. A esta segunda fase pertenece el lanzamiento.
En este artículo vamos a ver qué es exactamente el lanzamiento, cuándo se produce y cómo se lleva a cabo.
La compra de una vivienda sobre plano conlleva algunos riesgos que no existen en la compra de una vivienda ya construida, donde el comprador puede comprobar físicamente las características de la edificación. Además, la construcción de un inmueble es un proceso complejo y dilatado en el tiempo, lo que aumenta la incertidumbre sobre el resultado final.
Por todo ello, el comprador de una vivienda sobre plano debe ser especialmente precavido a la hora de firmar el contrato, lo que no debería hacer sin comprobar adecuadamente algunos aspectos fundamentales.
Después de comprar una vivienda, pueden aparecer problemas que no se detectaron en el momento de la celebración del contrato y que comprometen la habitabilidad o reducen el valor de la vivienda, de modo que, de haberlos conocido, el comprador no hubiera pagado por ella el precio que pagó.
Aunque la venta ya se haya celebrado, el vendedor tiene la obligación de responder por esos defectos que pasaron inadvertidos, siempre y cuando se cumplan las condiciones para reclamar por vicios ocultos.
Desde siempre, la legislación sobre arrendamientos urbanos ha sido especialmente proteccionista con el inquilino estableciendo un plazo mínimo de duración garantizado, en atención a que la finalidad del alquiler es cubrir la necesidad de vivienda habitual.
Sin embargo, eso no significa que el arrendador no pueda reclamar la vivienda cuando tenga necesidad de utilizarla, aunque debe hacerlo en la forma y momento que establece la ley.
Los defectos estructurales constituyen una de las categorías más graves de vicios constructivos, ya que afectan directamente a la seguridad y estabilidad de un edificio.
Su aparición puede comprometer no solo la integridad del inmueble, sino también la de sus ocupantes, lo que explica que el ordenamiento jurídico establezca un régimen específico de responsabilidad y garantías para su reclamación.
