El proceso de compraventa inmobiliaria de un inmueble es largo y no siempre sencillo, y para evitar la incertidumbre que conllevan los preparativos, es habitual que comprador y vendedor celebren un contrato de arras como paso previo a la firma definitiva.
Mediante el contrato de arras confirmatorias, ambas partes buscan reforzar su compromiso y fijar las condiciones esenciales de la operación mientras llega el momento de formalizar la venta.
En las operaciones de compraventa inmobiliaria es habitual que, antes de otorgar la escritura pública, transcurra un periodo de tiempo en el que las partes realizan diversas comprobaciones y gestiones. Para dotar de seguridad jurídica a ese intervalo y dejar constancia del compromiso de ambas partes, suele formalizarse un contrato de arras.
Un contrato de arras es un acuerdo previo a la compraventa por el que comprador y vendedor se comprometen a celebrar el contrato definitivo en el futuro, entregando el comprador una cantidad de dinero como señal.
Dentro de los distintos tipos de arras existentes, las arras penitenciales se caracterizan por otorgar a comprador y vendedor la facultad de desistir, aunque con las consecuencias económicas legalmente previstas.
La vivienda es una materia de competencia compartida, con competencias autonómicas de desarrollo y ejecución que coexisten con las competencias estatales sobre aspectos básicos, entre otros, la figura del gran tenedor, de aplicación en todo el territorio nacional.
Mediante el concepto de gran tenedor, la ley distingue distintas situaciones entre los propietarios de vivienda, en función de las circunstancias de cada uno.
Las empresas familiares son parte fundamental del entramado empresarial tanto en el ámbito nacional como internacional, motivo por el cual la legislación española y la comunitaria prestan una especial atención a este tipo de empresas y las hacen objeto de un tratamiento fiscal privilegiado.
Cuando estas empresas se dedican al arrendamiento de inmuebles, para poder acogerse a ese régimen privilegiado, deben acreditar que desarrollan efectivamente una actividad económica y no constituyen en realidad una entidad patrimonial de tenencia de inmuebles.
Cuando se lleva a cabo la subasta judicial de un inmueble por impago de una deuda, lo que desea el banco ejecutante es cobrar el importe debido, no adquirir la propiedad de un inmueble que no necesita.
Para evitar esta situación, la ley permite que el ejecutante que resulte adjudicatario en la subasta pueda ceder su posición a otra persona (ceder el remate) para que sea esta la que se convierta en propietaria del inmueble, en los términos que vamos a analizar.
El procedimiento de subasta pública inmobiliaria culmina, en teoría, con la aprobación del remate a favor del participante que ha hecho la puja más alta o mejor postura, que dispondrá entonces de un plazo para consignar el importe total de la subasta.
Sin embargo, puede ocurrir que el mejor postor no abone en dicho plazo la cantidad ofrecida, en cuyo caso, entran en juego los participantes que hubieran hecho reserva de postura, tal y como vamos a ver.
En el régimen de propiedad horizontal, cada piso o local forma parte de una comunidad en la que coexisten elementos privativos y elementos comunes.
La relación entre ambos planos se articula mediante diversos parámetros jurídicos, entre los que destaca la cuota de participación. Este porcentaje cumple una función esencial en la distribución de derechos y obligaciones dentro del inmueble y aparece fijado en el título constitutivo de la propiedad horizontal.
La comunidad de bienes plantea con frecuencia situaciones en las que uno de los copropietarios decide transmitir su cuota a una persona ajena al grupo. Para evitar que la entrada de terceros altere la estabilidad interna de la comunidad, el ordenamiento jurídico reconoce una facultad de adquisición preferente a favor de los demás copropietarios.
Esta figura se articula a través del derecho de retracto entre comuneros, que opera como un mecanismo de protección frente a transmisiones a extraños.
