El desahucio por falta de pago es uno de los procedimientos más frecuentes en materia de arrendamientos, ya que constituye la vía legal para que el arrendador recupere la posesión de una vivienda u otro inmueble cuando el inquilino no abona la renta o las cantidades asimiladas pactadas en el contrato.
A continuación, vamos a ver en qué consiste este tipo de desahucio, cuándo se aplica y cuáles son sus particularidades con respecto a otras modalidades.
Antes de firmar un contrato de compraventa de una vivienda, las partes necesitan un periodo de tiempo más o menos largo para negociar las condiciones, para realizar las gestiones que les permitan comprar, en un caso, o poner la vivienda a disposición del comprador, en otro caso, o para obtener financiación.
Para evitar que la compraventa se malogre durante ese plazo, tienen la opción de celebrar un contrato de arras, lo que se ha convertido en una práctica muy habitual. Vamos a analizar si existe o no obligación de hacerlo.
La oferta de vivienda turística en algunas ciudades españolas ha aumentado de forma exponencial en los últimos años, dando lugar a una situación algo caótica e insuficientemente controlada por la Administración y al surgimiento de problemas de convivencia en edificios residenciales de las zonas más turísticas.
En el caso de Valencia, la Comunidad Autónoma ha tratado de poner orden regulando con más detalle esta realidad y sometiendo la actividad de vivienda turística a mayor control y requisitos administrativos, como vamos a ver a continuación.
El arrendamiento de local comercial tiene algunas particularidades con respecto al arrendamiento de vivienda, siendo su regulación en general bastante más flexible que la de este.
Sin embargo, la Ley de Arrendamientos Urbanos también contempla en este caso los supuestos en que el arrendador puede instar la resolución del contrato y, si el inquilino no abandona el local voluntariamente, llevar a cabo el desahucio.
La transmisión de una vivienda que se encuentra arrendada es una operación habitual en el mercado inmobiliario. Aunque puede resultar ventajosa para determinadas estrategias de inversión, implica una serie de efectos jurídicos relevantes que afectan tanto al propietario transmitente como al potencial comprador y al inquilino, como vamos a ver en este artículo.
El usufructo es una figura jurídica que permite usar y disfrutar de un bien cuya propiedad corresponde a otra persona. Cuando este derecho recae sobre una vivienda, y además lo hace solo sobre un porcentaje de ella, la situación jurídica se vuelve más compleja, ya que implica la coexistencia de varios titulares del uso y disfrute sobre un bien indivisible por naturaleza.
En este artículo examinamos con detalle qué significa ostentar el usufructo sobre el 50 % de una vivienda y cuáles son sus implicaciones prácticas y jurídicas.
En un proindiviso, varias personas son dueñas de un mismo bien, y cada una posee una cuota de participación sobre el total, pero no una parte concreta y delimitada del mismo. Vender el proindiviso, o la cuota de participación en él, es una forma de salir de esta situación de copropiedad y obtener liquidez por el capital invertido o heredado.
Pero existen algunos aspectos que se deben tener en cuenta antes de vender una participación en un proindiviso.
En la compraventa de viviendas, el contrato de arras cumple una función esencial como garantía de que ambas partes se comprometen a formalizar la operación en un plazo determinado. Sin embargo, en la práctica puede encontrarse un escenario que genera numerosas dudas: contratos de arras firmados únicamente por la inmobiliaria sin la intervención del propietario del inmueble.
La cuestión es relevante, porque la validez del contrato depende estrictamente de quién esté legitimado para disponer de la vivienda y asumir compromisos jurídicos sobre ella.
La compra de una vivienda en España por parte de ciudadanos extranjeros no residentes es una práctica cada vez más habitual, motivada tanto por el atractivo del país como destino vacacional o de retiro, como por la posibilidad de obtener una rentabilidad mediante el alquiler.
No obstante, antes de cerrar la operación, es imprescindible conocer qué impuestos y gastos conlleva y cómo varían en función de las circunstancias concretas que concurren en la compraventa.
El contrato de alquiler de temporada es una figura prevista en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para cubrir necesidades residenciales temporales, distintas de las de una vivienda habitual. Aunque puede parecer similar al arrendamiento turístico o al de vivienda permanente, su régimen jurídico presenta particularidades relevantes que conviene conocer.
A continuación vamos a ver qué es el alquiler de temporal, cuáles son sus principales características, la normativa aplicable y los requisitos que deben cumplirse al formalizar este tipo de arrendamientos.
