Comprar una vivienda en una comunidad de propietarios no solo implica hacerse cargo del precio del inmueble y de los gastos de la operación, sino también asumir ciertas obligaciones frente a la comunidad.
Entre ellas, las derramas suelen generar controversias cuando coinciden con el proceso de compraventa de la vivienda, especialmente si se aprobaron poco antes de formalizarla o estaban en fase de negociación.
Cuando un inquilino deja de pagar la renta o cualquier otra cantidad que le corresponda pagar, y el propietario inicia contra él un proceso de desahucio, aquel puede evitar el desalojo si ejercita lo que se conoce como enervación del desahucio.
Sin embargo, este beneficio no es ilimitado, y existen algunos casos en los que el inquilino o arrendatario no puede hacer uso de él.
A continuación, vamos a ver en qué consiste, cómo y cuándo se puede ejercitar y cuáles son los efectos de enervar el desahucio.
El desahucio por falta de pago es uno de los procedimientos más frecuentes en materia de arrendamientos, ya que constituye la vía legal para que el arrendador recupere la posesión de una vivienda u otro inmueble cuando el inquilino no abona la renta o las cantidades asimiladas pactadas en el contrato.
A continuación, vamos a ver en qué consiste este tipo de desahucio, cuándo se aplica y cuáles son sus particularidades con respecto a otras modalidades.
Uno de los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de afrontar la compraventa de una vivienda o local en un régimen de propiedad horizontal es la situación económica del inmueble, ya que puede haber deudas pendientes con la comunidad de propietarios.
En ese caso, puede haber dudas sobre quién debe asumir la deuda, si el propietario que la contrajo o el nuevo dueño del inmueble, y en este artículo vamos a aclarar qué establecen sobre ello tanto la Ley de propiedad horizontal como la jurisprudencia.
En el contrato de arras, comprador y vendedor formalizan su compromiso de celebrar la compraventa futura de un inmueble. Sin embargo, pueden producirse circunstancias extraordinarias que imposibiliten el cumplimiento de las obligaciones asumidas.
A continuación, vamos a ver cómo regula la ley las consecuencias de un incumplimiento cuando este se debe a una causa de fuerza mayor, y, por tanto, inevitable para las partes.
La oferta de vivienda turística en algunas ciudades españolas ha aumentado de forma exponencial en los últimos años, dando lugar a una situación algo caótica e insuficientemente controlada por la Administración y al surgimiento de problemas de convivencia en edificios residenciales de las zonas más turísticas.
En el caso de Valencia, la Comunidad Autónoma ha tratado de poner orden regulando con más detalle esta realidad y sometiendo la actividad de vivienda turística a mayor control y requisitos administrativos, como vamos a ver a continuación.
El contrato de alquiler de temporada es una figura prevista en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para cubrir necesidades residenciales temporales, distintas de las de una vivienda habitual. Aunque puede parecer similar al arrendamiento turístico o al de vivienda permanente, su régimen jurídico presenta particularidades relevantes que conviene conocer.
A continuación vamos a ver cuáles son sus principales características, la normativa aplicable y los requisitos que deben cumplirse al formalizar este tipo de arrendamientos.
La compra de una vivienda en España por parte de ciudadanos extranjeros no residentes es una práctica cada vez más habitual, motivada tanto por el atractivo del país como destino vacacional o de retiro, como por la posibilidad de obtener una rentabilidad mediante el alquiler.
No obstante, antes de cerrar la operación, es imprescindible conocer qué impuestos y gastos conlleva y cómo varían en función de las circunstancias concretas que concurren en la compraventa.
