La entrega de arras es una práctica habitual en las operaciones de compraventa de inmuebles, ya que permite a las partes asegurar su compromiso mientras se ultiman los trámites necesarios para elevar la operación a escritura pública.
Sin embargo, cuando surge un conflicto, no siempre resulta evidente a quién corresponde finalmente el dinero ni cuál es el papel de la agencia inmobiliaria en esa transacción.
En la compraventa de viviendas, el contrato de arras cumple una función esencial como garantía de que ambas partes se comprometen a formalizar la operación en un plazo determinado. Sin embargo, en la práctica puede encontrarse un escenario que genera numerosas dudas: contratos de arras firmados únicamente por la inmobiliaria sin la intervención del propietario del inmueble.
La cuestión es relevante, porque la validez del contrato depende estrictamente de quién esté legitimado para disponer de la vivienda y asumir compromisos jurídicos sobre ella.
La transmisión de una vivienda que se encuentra arrendada es una operación habitual en el mercado inmobiliario. Aunque puede resultar ventajosa para determinadas estrategias de inversión, implica una serie de efectos jurídicos relevantes que afectan tanto al propietario transmitente como al potencial comprador y al inquilino, como vamos a ver en este artículo.
La comunidad de bienes plantea con frecuencia situaciones en las que uno de los copropietarios decide transmitir su cuota a una persona ajena al grupo. Para evitar que la entrada de terceros altere la estabilidad interna de la comunidad, el ordenamiento jurídico reconoce una facultad de adquisición preferente a favor de los demás copropietarios.
Esta figura se articula a través del derecho de retracto entre comuneros, que opera como un mecanismo de protección frente a transmisiones a extraños.
El usufructo es una figura jurídica que permite usar y disfrutar de un bien cuya propiedad corresponde a otra persona. Cuando este derecho recae sobre una vivienda, y además lo hace solo sobre un porcentaje de ella, la situación jurídica se vuelve más compleja, ya que implica la coexistencia de varios titulares del uso y disfrute sobre un bien indivisible por naturaleza.
En este artículo examinamos con detalle qué significa ostentar el usufructo sobre el 50 % de una vivienda y cuáles son sus implicaciones prácticas y jurídicas.
El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, más conocido como plusvalía municipal, es un tributo de titularidad municipal que grava el aumento de valor experimentado por los terrenos urbanos cuando se produce una transmisión u otra operación sujeta al impuesto.
La regulación está repartida entre normas estatales y ordenanzas municipales, en este caso, las dictadas para el municipio de Valencia, que establecen el tipo de gravamen, las bonificaciones y las exenciones dentro de su territorio.
En un proindiviso, varias personas son dueñas de un mismo bien, y cada una posee una cuota de participación sobre el total, pero no una parte concreta y delimitada del mismo. Vender el proindiviso, o la cuota de participación en él, es una forma de salir de esta situación de copropiedad y obtener liquidez por el capital invertido o heredado.
Pero existen algunos aspectos que se deben tener en cuenta antes de vender una participación en un proindiviso.
Antes de firmar un contrato de compraventa de una vivienda, las partes necesitan un periodo de tiempo más o menos largo para negociar las condiciones, para realizar las gestiones que les permitan comprar, en un caso, o poner la vivienda a disposición del comprador, en otro caso, o para obtener financiación.
Para evitar que la compraventa se malogre durante ese plazo, tienen la opción de celebrar un contrato de arras, lo que se ha convertido en una práctica muy habitual. Vamos a analizar si existe o no obligación de hacerlo.
El arrendamiento de local comercial tiene algunas particularidades con respecto al arrendamiento de vivienda, siendo su regulación en general bastante más flexible que la de este.
Sin embargo, la Ley de Arrendamientos Urbanos también contempla en este caso los supuestos en que el arrendador puede instar la resolución del contrato y, si el inquilino no abandona el local voluntariamente, llevar a cabo el desahucio.
Comprar una vivienda en una comunidad de propietarios no solo implica hacerse cargo del precio del inmueble y de los gastos de la operación, sino también asumir ciertas obligaciones frente a la comunidad.
Entre ellas, las derramas suelen generar controversias cuando coinciden con el proceso de compraventa de la vivienda, especialmente si se aprobaron poco antes de formalizarla o estaban en fase de negociación.
