Los defectos estructurales constituyen una de las categorías más graves de vicios constructivos, ya que afectan directamente a la seguridad y estabilidad de un edificio.
Su aparición puede comprometer no solo la integridad del inmueble, sino también la de sus ocupantes, lo que explica que el ordenamiento jurídico establezca un régimen específico de responsabilidad y garantías para su reclamación.
Una vez finalizada una obra de edificación, y tras la oportuna recepción de la misma por el propietario de la obra, pueden detectarse defectos o vicios de construcción que afecten a distintos elementos de la vivienda o local, y que no se hayan manifestado mientras la obra se estaba realizando.
Ante esta situación, la Ley de Ordenación de la Edificación articula un sistema de garantías que permite a propietarios o terceros adquirentes del inmueble reclamar contra quienes hayan intervenido en el proceso de construcción, en la medida de la responsabilidad civil que dicha norma atribuye a cada uno.
En el proceso de edificación intervienen distintas personas físicas y jurídicas, cada una con distinta función y atribuciones. Son lo que la Ley de Ordenación de la Edificación denomina agentes de la edificación. Como consecuencia de las distintas funciones desempeñadas en el proceso, cada uno de estos agentes tiene también distintas obligaciones y responsabilidades, y esta se encuentra claramente delimitada en la ley.
En este artículo vamos a ver quiénes son los agentes de la edificación y el alcance de su responsabilidad previsto en la ley.
La inversión en bienes inmobiliarios siempre se ha considerado una operación con una rentabilidad más o menos asegurada, debido a la tangibilidad de los bienes en los que recae y a la revaloración constante que estos experimentan.
De entre todas las opciones disponibles, la compra de la nuda propiedad de un inmueble es una operación que puede resultar muy ventajosa para ambas partes (comprador y vendedor), aunque conviene conocer bien sus implicaciones legales para minimizar riesgos.
Dentro de las posibilidades de la propiedad horizontal, se encuentran tanto las comunidades de propietarios de pisos o locales de un mismo edificio como las que se refieren a un conjunto de edificaciones independientes que comparten también elementos comunes.
El segundo caso es el de los complejos inmobiliarios privados, nacidos como una extensión del régimen de propiedad horizontal concebido para los edificios, y cuya regulación presenta ciertas particularidades con respecto a estos.
El contrato de arras, por el cual el comprador entrega una cantidad de dinero al vendedor como garantía del compromiso asumido, es un acuerdo habitual en las operaciones de compraventa de vivienda, especialmente cuando las partes desean asegurar que el contrato definitivo se firmará en un plazo determinado.
Dentro de las distintas modalidades existentes, las arras penales destacan por combinar una función de garantía con una penalización pactada para el caso de incumplimiento.
El proceso de compraventa inmobiliaria de un inmueble es largo y no siempre sencillo, y para evitar la incertidumbre que conllevan los preparativos, es habitual que comprador y vendedor celebren un contrato de arras como paso previo a la firma definitiva.
Mediante el contrato de arras confirmatorias, ambas partes buscan reforzar su compromiso y fijar las condiciones esenciales de la operación mientras llega el momento de formalizar la venta.
En las operaciones de compraventa inmobiliaria es habitual que, antes de otorgar la escritura pública, transcurra un periodo de tiempo en el que las partes realizan diversas comprobaciones y gestiones. Para dotar de seguridad jurídica a ese intervalo y dejar constancia del compromiso de ambas partes, suele formalizarse un contrato de arras.
Un contrato de arras es un acuerdo previo a la compraventa por el que comprador y vendedor se comprometen a celebrar el contrato definitivo en el futuro, entregando el comprador una cantidad de dinero como señal.
Dentro de los distintos tipos de arras existentes, las arras penitenciales se caracterizan por otorgar a comprador y vendedor la facultad de desistir, aunque con las consecuencias económicas legalmente previstas.
La vivienda es una materia de competencia compartida, con competencias autonómicas de desarrollo y ejecución que coexisten con las competencias estatales sobre aspectos básicos, entre otros, la figura del gran tenedor, de aplicación en todo el territorio nacional.
Mediante el concepto de gran tenedor, la ley distingue distintas situaciones entre los propietarios de vivienda, en función de las circunstancias de cada uno.
Las empresas familiares son parte fundamental del entramado empresarial tanto en el ámbito nacional como internacional, motivo por el cual la legislación española y la comunitaria prestan una especial atención a este tipo de empresas y las hacen objeto de un tratamiento fiscal privilegiado.
Cuando estas empresas se dedican al arrendamiento de inmuebles, para poder acogerse a ese régimen privilegiado, deben acreditar que desarrollan efectivamente una actividad económica y no constituyen en realidad una entidad patrimonial de tenencia de inmuebles.
