La vivienda es una materia de competencia compartida, con competencias autonómicas de desarrollo y ejecución que coexisten con las competencias estatales sobre aspectos básicos, entre otros, la figura del gran tenedor, de aplicación en todo el territorio nacional.
Mediante el concepto de gran tenedor, la ley distingue distintas situaciones entre los propietarios de vivienda, en función de las circunstancias de cada uno.
Las empresas familiares son parte fundamental del entramado empresarial tanto en el ámbito nacional como internacional, motivo por el cual la legislación española y la comunitaria prestan una especial atención a este tipo de empresas y las hacen objeto de un tratamiento fiscal privilegiado.
Cuando estas empresas se dedican al arrendamiento de inmuebles, para poder acogerse a ese régimen privilegiado, deben acreditar que desarrollan efectivamente una actividad económica y no constituyen en realidad una entidad patrimonial de tenencia de inmuebles.
Cuando se lleva a cabo la subasta judicial de un inmueble por impago de una deuda, lo que desea el banco ejecutante es cobrar el importe debido, no adquirir la propiedad de un inmueble que no necesita.
Para evitar esta situación, la ley permite que el ejecutante que resulte adjudicatario en la subasta pueda ceder su posición a otra persona (ceder el remate) para que sea esta la que se convierta en propietaria del inmueble, en los términos que vamos a analizar.
El procedimiento de subasta pública inmobiliaria culmina, en teoría, con la aprobación del remate a favor del participante que ha hecho la puja más alta o mejor postura, que dispondrá entonces de un plazo para consignar el importe total de la subasta.
Sin embargo, puede ocurrir que el mejor postor no abone en dicho plazo la cantidad ofrecida, en cuyo caso, entran en juego los participantes que hubieran hecho reserva de postura, tal y como vamos a ver.
En el régimen de propiedad horizontal, cada piso o local forma parte de una comunidad en la que coexisten elementos privativos y elementos comunes.
La relación entre ambos planos se articula mediante diversos parámetros jurídicos, entre los que destaca la cuota de participación. Este porcentaje cumple una función esencial en la distribución de derechos y obligaciones dentro del inmueble y aparece fijado en el título constitutivo de la propiedad horizontal.
La entrega de arras es una práctica habitual en las operaciones de compraventa de inmuebles, ya que permite a las partes asegurar su compromiso mientras se ultiman los trámites necesarios para elevar la operación a escritura pública.
Sin embargo, cuando surge un conflicto, no siempre resulta evidente a quién corresponde finalmente el dinero ni cuál es el papel de la agencia inmobiliaria en esa transacción.
En la compraventa de viviendas, el contrato de arras cumple una función esencial como garantía de que ambas partes se comprometen a formalizar la operación en un plazo determinado. Sin embargo, en la práctica puede encontrarse un escenario que genera numerosas dudas: contratos de arras firmados únicamente por la inmobiliaria sin la intervención del propietario del inmueble.
La cuestión es relevante, porque la validez del contrato depende estrictamente de quién esté legitimado para disponer de la vivienda y asumir compromisos jurídicos sobre ella.
La transmisión de una vivienda que se encuentra arrendada es una operación habitual en el mercado inmobiliario. Aunque puede resultar ventajosa para determinadas estrategias de inversión, implica una serie de efectos jurídicos relevantes que afectan tanto al propietario transmitente como al potencial comprador y al inquilino, como vamos a ver en este artículo.
La comunidad de bienes plantea con frecuencia situaciones en las que uno de los copropietarios decide transmitir su cuota a una persona ajena al grupo. Para evitar que la entrada de terceros altere la estabilidad interna de la comunidad, el ordenamiento jurídico reconoce una facultad de adquisición preferente a favor de los demás copropietarios.
Esta figura se articula a través del derecho de retracto entre comuneros, que opera como un mecanismo de protección frente a transmisiones a extraños.
El usufructo es una figura jurídica que permite usar y disfrutar de un bien cuya propiedad corresponde a otra persona. Cuando este derecho recae sobre una vivienda, y además lo hace solo sobre un porcentaje de ella, la situación jurídica se vuelve más compleja, ya que implica la coexistencia de varios titulares del uso y disfrute sobre un bien indivisible por naturaleza.
En este artículo examinamos con detalle qué significa ostentar el usufructo sobre el 50 % de una vivienda y cuáles son sus implicaciones prácticas y jurídicas.
